El suicidio asistido: un debate rengo...Nuevamente la prensa intenta sacudir a la opinión pública con “la actitud insensible de un Presidente o Juez, que se niega a autorizar el suicidio de una persona, enferma en este caso”.-
En Francia, un joven de 23 años,
Rémy Salvat,
que padecía una enfermedad mitocondrial degenerativa desde los seis años, pidió al
Presidente Sárkozy autorización para obtener asistencia legal y técnica para poner fin a su vida. Le fue negada. Evidentemente, Salvat, estaba decidido o “condenado” a morir, por lo que se supone que ingirió una dosis masiva de medicamentos, que le provocaron la muerte.
La suposición encuentra sustento en el hecho de que, nueve años atrás, su propia madre intentó poner fin a su vida, pero se arrepintió a último momento. A raíz de ello, la mujer fue acusada y juzgada por tentativa de asesinato y finalmente absuelta. En este estado de cosas, no se sabe a ciencia cierta y Salvat se suicidó o si su madre lo mató. Habrá que esperar los peritajes e informe de necropsia.-
Cabe destacar, que Salvat aprovechó su agonía para grabar un “conmovedor mensaje” en el que desea que su gesto sirva para profundizar el debate sobre la eutanasia en Francia: "Espero que el debate sobre la eutanasia no caiga en el olvido", dijo
La prensa exhibe este lamentable suceso, como el resultado inconveniente de una lucha entre la “libertad individual” y un “fundamentalismo religioso que considera que la vida es sagrada”. Nada más alejado de la realidad.
Uno de los pilares del constitucionalismo moderno, es la legitimación de que la libertad, como bien jurídico superior, es la filosofía y valor de base en el que se sustenta todo el entramado de derechos humanos y garantías que las constituciones reconocen.-
No puede pensarse un sistema de derechos y garantías, que no tenga a la libertad individual, como base. Esto es tan así, que el área de poder y actuación que tiene el Poder Constituido (Ejecutivo-Legislativo-Judicial), garantiza que todos sus actos, deban responder a un principio de legalidad, razonabilidad y justicia. Ninguno de estos actos podrá violar o avasallar la libertad individual.
Ahora bien, si el sistema de derechos y garantías tiene como base filosófica y sustento primario, el respeto a la libertad individual, el primer derecho que deberá proteger y garantizar el Poder Constituido, ES EL DERECHO A LA VIDA DE TODOS Y CADA UNO, SIN DISTINCIÓN DE SEXO, EDADES, RAZA, RELIGIÓN, CALIDADES DE VIDA, GRADUALISMOS BIOLÓGICOS, CONTEXTURAS FÍSICAS, ESTADO DE SALUD, ETC. criterios que responden plenamente a la garantía de igualdad (Art. 16 Constitución Nacional), y a la proscripción de toda forma de discriminación.
Ningún Poder Constituido podrá legítima y legalmente determinar a quién le corresponde vivir o morir. Libertad y eutanasia/suicidio asistido son conceptos antagónicos.
Podemos agregar que al Poder Constituido le corresponde asegurar el goce de los derechos que reconocen su Ley Suprema. Sobre el particular, deberá procurar que los individuos gocen de su derecho a la salud, entre otros. Este goce, no implica en modo alguno: aportar recursos técnicos o humanos para poner fin a vidas.
Al Poder Constituido no le corresponde erigirse en “el verdugo que procura la muerte de los individuos, estén enfermos o sanos”, ni para aplicar el derecho penal punitivo, ni para “acabar con el sufrimiento”. En todo caso, le compete suministrar recursos para “paliar el dolor”, una vez que la etapa terapéutica ha sido agotada, pero de ninguna manera, podrá “poner fin al sufrimiento”, que es una esfera privada del individuo, reservada a él y para los creyentes, a Dios, y en la que ninguna “excusa de muerte” encontrará legitimación.
Sí puede cuestionarse, ¿cuánta es la asistencia que el Poder Constituido da a los familiares de un enfermo o discapacitado para poder transitar ese itinerario, y aventar las posibilidades de “tener la solución final como una alternativa”?
Como ocurre en todos los debates en donde se ventilan cuestiones atinentes al origen, transmisión, conservación y finalización de la vida, también se hacen presentes intereses económicos, cuyo análisis no hay que descartar.
Mientras que Sarkozy negó la autorización para poner fin a la vida de Salvat, en junio pasado, develó un plan que duplica los fondos públicos destinados a cuidados paliativos. Antes de 2012, Francia invertirá unos 230 millones de euros en la creación de unidades especiales en los hospitales.
Es innegable, que esta es la decisión estratégicamente correcta. Sarkozy no es Dios para decidir quién y cuándo debe vivir o morir, sino que demuestra verdadera preocupación por la salud de sus ciudadanos, asegurándoles cuidados paliativos en sus fases crónicas o terminales.
Por todo lo expuesto, es evidente que siempre que se trae a la discusión un tema vinculado a un enfermo terminal que “pide morir”, muchos contribuyen a fomentar un debate rengo, ignorando las verdaderas “patas” de la cuestión.
Liliana Angela Matozzo 
Abogada
Doctora en Ciencias Jurídicas / Especialista en Bioética y Derechos Biológicos
Presidente Fundación Proa a la Vida
lilimatozzo@gmail.com
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